RDO acusada de presionar políticamente para anular las leyes de protección de tiempo compartido a favor de los consumidores

La campaña clandestina financiada por RDO tenía por objeto persuadir a los políticos españoles para que suprimiesen la normativa básica que protege a las víctimas del tiempo compartido.

Resort Development Organisation (RDO) - Organización para el Desarrollo de Complejos Turísticos

La posición oficial en el sitio web de RDO es proteger a los consumidores y se ofrecen como mediadores en caso de disputa.

Por el contrario, las pruebas demuestran que la verdadera motivación de RDO es

defender los intereses de sus patrocinadores – complejos de multipropiedad- frente a publicidad adversa y acciones legales en su contra por parte de los consumidores.

RDO ha sido descrita por un experto en consumo como una «cábala» debido a su naturaleza secreta y altamente partidista. Sus consejos de administración están formados por hombres que han acumulado una gran riqueza a base de abusos contra los consumidores durante décadas.

El Departamento Jurídico de RDO incluye a varios abogados internos proporcionados por empresas de mega-marcas de tiempo compartido ( entre ellas) Marriott, Hilton y Club la Costa, así como las principales empresas de intercambio, RCI e Interval International.

¿Una ley para ellos mismos?

Las actividades recientes más corrosivas de RDO incluyen intentos de manipulación que tienen como objeto anular las Sentencias del Tribunal Supremo español y quien en la actualidad está optando por la revocación de sentencias previas en favor de decenas de miles de consumidores estafados, afectando de esta forma a sus indemnizaciones emanantes de contratos ilegítimos de tiempo compartido.

Financiada por benefactores de la multipropiedad, la RDO ha nombrado a dos empresas consultoras de primer nivel, con poderosas conexiones políticas. Se trata de PricewaterhouseCoopers (PwC España) y Acento.

Representantes de estas dos empresas iniciaron un diálogo con la administración española, incluyendo políticos, algunos de ellos integrantes del gobierno, así como altos funcionarios del Ministerio de Turismo, del Ministerio de Justicia y autoridades regionales.

Fueron contactados representantes políticos de varias comunidades autónomas, como Cataluña, Canarias, Baleares, Comunidad Valenciana y Andalucía.

Codicia frente a los derechos de los consumidores

El objetivo de RDO era conseguir apoyo dentro del sistema político español para revocar la decisión del Tribunal Supremo español modificando una legislación vital creada para proteger a los consumidores de prácticas de venta perjudiciales y engañosas.

Fueron necesarios años de lucha por parte de abogados determinados para que estas leyes se aplicaran correctamente. Pero ahora la industria del tiempo compartido está luchando una vez más para anular los derechos de los consumidores, cimentados tras largas y costosas batallas legales.

Para lograr este execrable objetivo, se organizaron reuniones privadas con ministros, políticos influyentes y legisladores.

Los grupos de presión y los abogados de la industria del tiempo compartido están promoviendo la narrativa de que es en interés de la economía española proteger a las empresas de tiempo compartido en España de las «consecuencias» de los pronunciamientos que hasta el momento había emitido el Tribunal Supremo español.

Conveniente punto de vista

Tras este intenso cabildeo, se consiguió apoyo para modificar la Ley 42/1998 y se han presentado enmiendas en el Parlamento Español.

Los documentos de la enmienda revelan cómo las empresas de tiempo compartido han presentado su caso: como grandes contribuyentes a la economía española y como «víctimas» de una injusticia del Tribunal Supremo.

Una declaración clave dentro de la documentación de la enmienda afirma: «La situación descrita no sólo ha frenado cualquier desarrollo de la actividad de tiempo compartido con la pérdida de oportunidades en un sector clave de nuestra economía como es el turismo, sino que también ha llevado a la quiebra o puesto en riesgo la viabilidad económica de empresas del sector, destruyendo empleo directo e indirecto.

En la situación actual, se ha convencido a varios políticos de alto nivel para que apoyen cambios destinados a alterar la normativa de protección del consumidor en favor de las grandes empresas del sector multipropiedad cuyo ánimo en perjuicio de los consumidores, ha sido más que evidente.

¿Ha sufrido el tiempo compartido tanto como afirman?

En cierto sentido, sí: El tiempo compartido es una venta emocional. Nadie planea comprar tiempo compartido, puesto que el cliente debe ser “atraído” con un marketing costoso para su posterior encaje durante presentaciones de venta de alta presión Este tipo de ventas se han detenido.

En cierto sentido, sí: El tiempo compartido es una venta emocional. Nadie planea comprar tiempo compartido, puesto que el cliente debe ser “atraído” con un marketing costoso para su posterior encaje durante presentaciones de venta de alta presión. Este modus operandi en la gestión de ventas se ha paralizado.

En la actualidad, las empresas de tiempo compartido pueden comercializar con aproximadamente la misma intensidad que, por ejemplo, la venta de una casa o un coche.

Sin poder utilizar sus tácticas agresivas de ventas, las empresas del sector multipropiedad en España no han podido vender ni siquiera una pequeña fracción de lo que eran capaces de hacer cuando la ley permitía toda su amplia gama de técnicas de manipulación.

En pocas palabras, las ventas que ya no se producen son las que la Ley (así como posiblemente la mayor parte de la sociedad en general) consideraba injustas e inmorales.

A pesar de que los complejos de multipropiedad, intentan evitar hacer frente al pago de indemnizaciones a las que han sido condenados, declarando insolvencia en algunas de sus empresas, la realidad es que permanecen abiertos en su mayor parte, aceptando clientela de veraneantes al uso y propietarios de multipropiedad por igual. No obstante, los equipos agresivos de ventas de alta presión han cesado de sus prácticas, la mayoría de los cuales no eran ni siquiera ciudadanos españoles o residentes en España.

El sector de la multipropiedad intentar de dejar de pagar las indemnizaciones fruto de las condenas judiciales, convenciendo a los políticos españoles de que habrá consecuencias nefastas para la economía nacional. Esto es totalmente falso e infundado. No hay pruebas de que se vayan a producir repercusiones de tal envergadura y muy especialmente si consideramos que los grandes flujos de tesorería han aterrizado impunemente en paraísos fiscales. La única repercusión sería en todo caso una mella en las fortunas personales de los “señores de la multipropiedad”.

Tácticas sombrías

La actual misión de la RDO es ni más ni menos que persuadir a políticos españoles influyentes para que supriman la ejecución de miles de sentencias en favor de propietarios de multipropiedad. Un fin totalmente admisable teniendo en cuenta de las experiencias traumáticas y abusos perpetrados a los consumidores.

Desde la entrada en vigor de la Ley y normativas regulatorias, los complejos de tiempo compartido han tenido un claro objetivo: Retrasar lo máximo posible los procedimientos judiciales y una sistemática frustración de la ejecución de las sentencias judiciales.

Dada la avanzada edad de las víctimas de los complejos de multipropiedad, nos es descabellada la opinión de muchos observadores, que creen en una enfermiza estrategia por parte de las empresas de tiempo compartido en retrasar cualquier procedimiento, hasta el punto de que los demandantes lleguen a morir antes de que concluyan sus casos.

La lucha en nombre de los propietarios

Los abogados y defensores de los consumidores están decididos impedir que estas empresas de tiempo compartido arrasen los sistemas jurídicos, o entierren las reclamaciones legítimas bajo una avalancha de estrategias de todo tipo.

Miles de casos han sido ya resueltos con éxito en nombre de los propietarios a través del sistema judicial, desde los tribunales de primera instancia, pasando por las audiencas de apelación, hasta llegar al Tribunal Supremo español.

En el Reino Unido se han llevado a cabo batallas similares en pro de los consumidores, con una más que destacable victoria ante el Tribunal Supremo, quien ha declarado los nulos los préstamos utilizados para comprar multipropiedad ilegales, ordenando a las entidades financieras a restituir enormes sumas a los consumidores.

Ahora, European Consumer Claims (ECC) y sus abogados asociados están llevando a cabo una contra-campaña para mitigar el adoctrinamiento planeado sobre los políticos españoles por parte de RDO.

"ECC escribirá a los distintos responsables nacionales y regionales de los ministerios que fueron sometidos a la propaganda de RDO, y se asegurará de que comprendan la verdadera situación económica - incluyendo cómo las empresas de tiempo compartido de este país se han enriquecido mediante métodos de venta agresivos y engañosos,” explica Greg Wilson, director general de ECC.

"También publicaremos cartas abiertas en los medios de comunicación dirigidas a los políticos tanto en España como en el Reino Unido”.

"ECC compartirá públicamente estudios de casos de muchos propietarios vulnerables y angustiados. “

“Pediremos a los partidos políticos y ministerios españoles que han participado en las enmiendas legales para reconsiderar su posición. A diferencia de la oscura trama llevada a cabo por RDO y sus miembros, ECC publicará las apelaciones a realizar, haciendo un llamamiento de apoyo a los muchos propietarios de tiempo compartido”.

"Una pregunta obvia que lanzaremos es por qué los políticos de regiones como el País Vasco estarían interesados en apoyar estas enmiendas, cuando no hay empresas de tiempo compartido en su autonomía".

ECC: Liderando la lucha

Si ha sido tratado injustamente por una empresa de tiempo compartido, póngase en contacto con nuestro equipo para conocer sus opciones.